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Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Candelaria, han detenido a un hombre de 34 años, vecino del municipio, como presunto autor de los delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental, tras descubrir un sistema de fraude que habría permitido obtener teléfonos móviles de alta gama utilizando los datos personales de clientes sin su consentimiento.
La investigación apunta a que el perjuicio económico ya supera los 13.500 euros, aunque los agentes mantienen abiertas las diligencias al no descartar que aparezcan nuevos afectados y que la cantidad defraudada aumente en los próximos días.
El caso salió a la luz cuando uno de los perjudicados detectó en su cuenta bancaria varios cargos correspondientes a la financiación de un teléfono móvil que nunca había comprado ni autorizado.
Tras la denuncia, los investigadores comprobaron que no se trataba de un hecho aislado. Las pesquisas permitieron descubrir la existencia de varios contratos de financiación tramitados de forma fraudulenta, todos ellos utilizando la identidad y los datos personales de clientes del establecimiento sin su conocimiento.
Según la investigación de la Guardia Civil, el detenido, que trabajaba como empleado en una tienda de telefonía de Candelaria (Tenerife), presuntamente aprovechaba el acceso autorizado que tenía a la base de datos de clientes para obtener información personal y tramitar financiaciones de teléfonos móviles de alta gama.
Los clientes no eran conscientes de estas operaciones hasta que comenzaban a recibir recibos bancarios o comprobaban la existencia de préstamos y financiaciones que jamás habían solicitado.
Una vez obtenidos los terminales, el investigado presuntamente los vendía a un establecimiento especializado en la compraventa de teléfonos móviles.
Para dar apariencia de legalidad a estas operaciones, los agentes sostienen que utilizaba documentación presuntamente falsificada, motivo por el que también se le atribuye un delito de falsedad documental.
Los investigadores consideran que las víctimas conocidas podrían ser únicamente una parte del fraude, por lo que la investigación continúa abierta para localizar posibles nuevos perjudicados y determinar el alcance real de la estafa.
Hasta el momento, el importe económico acreditado supera los 13.500 euros, aunque esta cifra podría incrementarse conforme avancen las diligencias.
Tras la detención, la Guardia Civil recuerda la importancia de revisar periódicamente los movimientos bancarios y comprobar cualquier contrato de financiación asociado a líneas telefónicas o compras de dispositivos electrónicos.
En caso de detectar cargos desconocidos o financiaciones no autorizadas, recomienda contactar inmediatamente con la entidad bancaria y la compañía telefónica, además de presentar la correspondiente denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El detenido permanece investigado como presunto autor de los delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental, mientras la Guardia Civil continúa trabajando para esclarecer por completo el caso y determinar si existen más operaciones fraudulentas relacionadas con esta trama.