La medida se prorroga tras constatarse que el diferencial del IPC de gasolinas y gasóleos supera en más de un 15% el registrado en el mismo mes del año anterior
El Gobierno de Canarias mantendrá durante todo el mes de septiembre el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) aplicado a determinados combustibles y productos energéticos. La continuidad de esta medida extraordinaria se produce después de que los datos del Instituto Nacional de Estadística confirmaran que se cumple la condición establecida para prolongar su aplicación.
La decisión supone mantener durante septiembre una medida fiscal destinada a contener parcialmente el impacto que el encarecimiento de la energía y de los combustibles está teniendo sobre las familias, las empresas y los sectores profesionales de las islas. La Agencia Tributaria Canaria confirmó el pasado 28 de agosto que se había cumplido la condición prevista en el Decreto ley 4/2026 para mantener estas medidas durante septiembre.
El precio de los combustibles vuelve a situarse en el centro de la política fiscal
La continuidad del IGIC a tipo cero está vinculada directamente a la evolución de los precios de los carburantes. La normativa aprobada por el Ejecutivo autonómico estableció que las medidas podrían mantenerse en función del comportamiento del IPC de las gasolinas y los gasóleos en Canarias.
En concreto, la continuidad durante septiembre estaba condicionada a que la variación registrada en julio superara en más de un 15% la correspondiente al mismo mes del año anterior. Según la información publicada por el INE y analizada por la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, ese umbral se ha superado.
De esta manera, la medida continúa vigente durante todo septiembre y afecta a las entregas e importaciones de petróleo y de productos derivados del refino del petróleo, incluidos aquellos mezclados con biocarburantes.
La aplicación del tipo cero también alcanza al gas, las briquetas y los pellets procedentes de biomasa y la madera destinada a leña, de acuerdo con la comunicación publicada por la Agencia Tributaria Canaria.
Una medida que busca aliviar el coste energético
La decisión se enmarca en el conjunto de medidas extraordinarias adoptadas por Canarias como consecuencia de la crisis internacional y, especialmente, de las consecuencias económicas derivadas de la crisis en Oriente Medio.
El objetivo fundamental es reducir la presión que los costes energéticos ejercen sobre la economía de las islas. El encarecimiento de los combustibles no afecta únicamente al conductor que acude a una estación de servicio, sino que tiene repercusiones sobre prácticamente toda la cadena económica.
El transporte de mercancías, la distribución de productos, la actividad agrícola, los desplazamientos profesionales y los costes de funcionamiento de numerosas empresas están directamente condicionados por la evolución del precio de los carburantes.
En un territorio insular como Canarias, donde el transporte y la logística desempeñan un papel especialmente relevante, cualquier incremento prolongado de los costes energéticos puede terminar trasladándose al precio final de numerosos bienes y servicios.
Por ello, el Ejecutivo autonómico sostiene que la continuidad temporal de estas medidas permitirá contener parcialmente los costes energéticos soportados por hogares y empresas y contribuirá a proteger la competitividad del tejido productivo canario.
Agricultores y transportistas también mantienen las devoluciones fiscales
La medida no se limita al IGIC. Durante septiembre también se mantienen los tipos correspondientes a la devolución del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles y derivados del petróleo para agricultores y transportistas.
En este caso, las cantidades establecidas para el mes de septiembre son de 55,65 euros por cada 1.000 litros en el caso de la gasolina profesional y de 46,62 euros por cada 1.000 litros para el gasóleo profesional.
Se trata de una medida especialmente relevante para aquellos profesionales cuya actividad depende de manera directa del consumo de carburantes.
Transportistas, agricultores y otros trabajadores vinculados a actividades profesionales soportan una parte importante de sus costes mediante el combustible necesario para desarrollar diariamente su actividad. Por ello, estas devoluciones pretenden reducir parcialmente el impacto que la evolución de los precios energéticos tiene sobre sus cuentas.
El transporte, uno de los sectores más afectados
El sector del transporte constituye uno de los principales ámbitos en los que el precio del combustible tiene una repercusión directa.
Un incremento de los carburantes supone un aumento de los costes de desplazamiento y distribución, tanto para los profesionales autónomos como para las empresas de transporte. En Canarias, además, las particularidades derivadas de la insularidad hacen que la logística tenga una importancia estratégica para el funcionamiento de la economía.
La devolución fiscal establecida para septiembre pretende contribuir a amortiguar parte de ese impacto y evitar que la totalidad del incremento de los costes energéticos termine repercutiendo sobre las empresas, los profesionales y, finalmente, los consumidores.
¿Qué supone la medida para los consumidores?
La aplicación del IGIC a tipo cero pretende abaratar el coste fiscal asociado a determinados productos energéticos, aunque esto no significa que el precio final de los carburantes quede fijado por la Administración autonómica ni que todos los factores que determinan el precio en una estación de servicio desaparezcan.
El precio que finalmente paga el consumidor depende de diferentes elementos, entre ellos la cotización internacional de los productos petrolíferos, los costes de distribución, la evolución del mercado y los distintos impuestos y componentes que intervienen en la formación del precio.
La medida adoptada por Canarias actúa sobre el ámbito fiscal autonómico y tiene como finalidad reducir parcialmente la presión sobre los precios en un contexto de costes energéticos todavía elevados.
Para las familias, cualquier reducción de la presión fiscal sobre los combustibles puede contribuir a contener el gasto asociado a los desplazamientos cotidianos. Para las empresas, puede representar un alivio parcial de los costes vinculados al transporte, la logística y la actividad productiva.
Una prórroga condicionada a la evolución de los precios
La continuidad de estas medidas durante septiembre no es indefinida. El Decreto ley 4/2026 estableció un sistema condicionado a la evolución de los precios de los combustibles en Canarias, utilizando como referencia el comportamiento del IPC.
La Agencia Tributaria Canaria confirmó oficialmente que la condición exigida para septiembre se ha cumplido, por lo que las medidas continúan vigentes durante este mes.
De esta forma, Canarias afronta septiembre manteniendo el IGIC a tipo cero para los productos energéticos incluidos en la norma y las correspondientes devoluciones fiscales para agricultores y transportistas.
El objetivo: contener el impacto sobre hogares y empresas
El Gobierno autonómico justifica la continuidad de las medidas por la persistencia de unos costes energéticos y logísticos elevados que siguen condicionando la actividad económica de las islas.
La situación tiene una doble vertiente. Por un lado, las familias afrontan el coste directo de sus desplazamientos y del consumo energético. Por otro, las empresas deben asumir el incremento de los gastos asociados al transporte, la distribución y la producción.
La reducción temporal de la carga fiscal pretende actuar como mecanismo de contención ante esta situación y proporcionar un cierto alivio mientras persistan las circunstancias excepcionales que motivaron la adopción de estas medidas.
En definitiva, durante todo septiembre Canarias mantiene una fiscalidad extraordinaria sobre determinados combustibles y productos energéticos, al tiempo que conserva las devoluciones específicas destinadas a agricultores y transportistas.
La medida vuelve a situar el coste de la energía y de los carburantes en el centro del debate económico de las islas, especialmente en un momento en el que la evolución de los precios continúa teniendo una incidencia directa sobre el bolsillo de las familias y sobre la competitividad de las empresas canarias.
