Las acciones difundidas por activistas incluyen el bloqueo de cajetines utilizados por viviendas vacacionales, mensajes dirigidos a turistas y cierres simbólicos de accesos. El trasfondo es una crisis habitacional que mantiene abierto el debate sobre el modelo turístico de la isla.
La creciente tensión social en torno al acceso a la vivienda y al modelo turístico de Lanzarote ha vuelto a situar a la isla en el foco mediático nacional e internacional.
En las últimas semanas se han difundido en redes sociales imágenes de diferentes acciones dirigidas contra la actividad turística y, especialmente, contra algunas viviendas destinadas al alquiler vacacional. Entre ellas figuran el sellado con adhesivos de cajas de seguridad utilizadas para guardar llaves, la colocación de mensajes en vehículos de alquiler y el uso de cintas y carteles para simular cierres en determinados espacios frecuentados por visitantes.
Los hechos fueron recogidos inicialmente por distintos medios nacionales e internacionales y posteriormente confirmados a través de vídeos publicados en redes sociales por personas y colectivos vinculados a las protestas contra la masificación turística.
El mensaje que acompaña a algunas de estas acciones resume el conflicto social que existe detrás de la protesta: “No tenemos dónde vivir”.
Una frase que, más allá de las polémicas acciones realizadas, conecta con uno de los principales problemas que afronta actualmente Lanzarote y, en general, el conjunto de Canarias: la dificultad de una parte creciente de la población para acceder a una vivienda a precios asumibles.
Cajas de llaves inutilizadas para impedir la entrada de turistas
Una de las acciones que más repercusión ha tenido consiste en el bloqueo con adhesivos de algunas cajas de seguridad instaladas en el exterior de viviendas destinadas al alquiler turístico.
Estos dispositivos, conocidos popularmente como cajetines o cajas de llaves, permiten que los huéspedes accedan al alojamiento introduciendo un código facilitado previamente por el propietario o la empresa gestora.
Las imágenes difundidas muestran cómo algunos de estos sistemas fueron inutilizados mediante la aplicación de pegamento o sustancias adhesivas, dificultando o impidiendo su apertura.
La información fue recogida por 20minutos, que señaló que los vídeos mostraban a personas desconocidas realizando estas acciones en Lanzarote. Posteriormente, otros medios nacionales y europeos se hicieron eco de los mismos hechos y de la creciente tensión existente en la isla en torno al turismo y la vivienda.
La repercusión ha llegado a medios de países emisores de turistas hacia Canarias, especialmente del Reino Unido, Alemania y Países Bajos, donde las informaciones han presentado el caso como una nueva escalada de las protestas contra la masificación turística.
Mensajes en coches de alquiler: “Estás contribuyendo a nuestra expulsión”
Las acciones no se han limitado a los alojamientos.
También se han difundido imágenes de mensajes colocados en vehículos de alquiler utilizados por turistas.
En algunos de esos textos se puede leer que, al elegir una vivienda vacacional, los visitantes estarían “contribuyendo a nuestra expulsión”. El mensaje continúa apelando a los turistas para que viajen de forma responsable y no participen, según denuncian los activistas, en un modelo que consideran responsable de reducir la disponibilidad de vivienda para residentes.
La Voz de Lanzarote recogió la difusión de estos mensajes y explicó que el texto también fue traducido al inglés para dirigirse directamente a los visitantes extranjeros.
La estrategia supone un cambio significativo respecto a las grandes manifestaciones celebradas en los últimos años en Canarias.
En esta ocasión, algunas de las acciones buscan llevar el mensaje directamente a quienes visitan la isla y llamar su atención sobre las consecuencias que, según los colectivos críticos, tiene el crecimiento del alquiler turístico sobre el mercado residencial.
Falsas cintas de precinto y accesos simbólicamente cerrados
Otro de los elementos que aparecen en los vídeos difundidos es la utilización de cintas y carteles de “prohibido el paso” para realizar cierres simbólicos en determinados espacios.
Según las informaciones publicadas, las cintas utilizadas imitaban visualmente a los sistemas de precinto utilizados por los cuerpos de seguridad, aunque se trataba de acciones simbólicas realizadas por los manifestantes y no de cierres oficiales ordenados por ninguna administración o cuerpo policial.
Este matiz es importante.
No existe, en las informaciones consultadas, constancia de que los lugares afectados estuvieran oficialmente clausurados. Las imágenes muestran acciones de protesta realizadas por activistas con el objetivo de llamar la atención sobre la presión turística que, según denuncian, soportan determinados espacios de Lanzarote.
Un conflicto que no es nuevo en Lanzarote
Las últimas acciones no han surgido de la nada.
Lanzarote lleva años siendo uno de los epicentros del movimiento social que reclama límites al crecimiento turístico y una transformación del modelo económico de Canarias.
El 20 de abril de 2024 miles de personas salieron a las calles de Arrecife en una de las mayores movilizaciones celebradas en la isla contra la masificación turística. Las protestas formaban parte de la movilización celebrada simultáneamente en diferentes islas bajo el lema “Canarias tiene un límite”.
Entre las principales reivindicaciones figuraban el acceso a la vivienda, la presión sobre los recursos naturales, la regulación de la vivienda vacacional y la necesidad de revisar el crecimiento turístico.
En marzo de 2024, además, el Colectivo Tabaiba asumió públicamente una acción en la que fue bloqueado el acceso al sendero del Volcán del Cuervo como protesta contra la masificación turística.
Posteriormente se produjeron otras movilizaciones y acciones de protesta en diferentes puntos de Canarias, con un discurso centrado en la necesidad de compatibilizar la actividad turística con el derecho a la vivienda y la protección del territorio.
La vivienda, en el centro del debate
La expansión de las viviendas destinadas al alojamiento turístico se ha convertido en uno de los principales elementos del debate social y político en Canarias.
Los datos oficiales reflejan la enorme dimensión que ha alcanzado este tipo de alojamiento en el Archipiélago.
Un informe de Turismo de Islas Canarias, actualizado en marzo de 2025, situaba a Lanzarote entre las islas con una importante presencia de vivienda vacacional dentro de su oferta alojativa. Dependiendo de la fuente estadística utilizada, la isla contaba entonces con entre 7.290 y 9.890 viviendas vacacionales, con una capacidad que podía superar las 40.000 plazas.
Los datos han seguido variando posteriormente como consecuencia de los cambios normativos, las actualizaciones de registros y la propia evolución del mercado.
En enero de 2026, una información basada en datos del sector cifró en 6.990 las viviendas vacacionales existentes en Lanzarote, después de una reducción respecto a los meses anteriores.
Sin embargo, otros recuentos posteriores basados en el Registro General Turístico de Canarias elevaron la cifra hasta 11.005 viviendas vacacionales, lo que evidencia la importancia de especificar siempre la fecha y la fuente utilizada al analizar este fenómeno.
La diferencia entre las cifras responde, entre otros factores, a los distintos momentos de actualización y a las fuentes estadísticas empleadas.
Lo que sí parece fuera de discusión es que la vivienda vacacional se ha convertido en un elemento central del mercado inmobiliario de las islas y en una de las principales preocupaciones de una parte de la población.
Más de 39.000 plazas de vivienda vacacional en Lanzarote, según datos oficiales de 2024
El propio Gobierno de Canarias incluyó en la documentación de la nueva normativa turística datos que reflejan el peso que había alcanzado el fenómeno.
A 17 de julio de 2024, las cifras oficiales recogidas en el Boletín Oficial de Canarias situaban a Lanzarote con 8.815 establecimientos de vivienda vacacional y 39.346 plazas.
En el conjunto del Archipiélago, el número de viviendas vacacionales había experimentado un fuerte crecimiento en los años anteriores.
El Gobierno canario señaló que entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023 el número de viviendas vacacionales oficialmente registradas en Canarias aumentó un 25,7 %, pasando de 38.603 a 48.541.
Estas cifras ayudan a entender por qué el debate sobre la regulación del alquiler vacacional ha adquirido una dimensión política y social de primer nivel.
Una nueva regulación para separar vivienda y actividad turística
Canarias aprobó a finales de 2025 una nueva normativa destinada a ordenar el uso turístico de las viviendas y reforzar la diferenciación entre el uso residencial y la actividad económica vinculada al alojamiento turístico.
La legislación establece expresamente que la vivienda destinada al uso turístico constituye una actividad económica diferente del uso residencial habitual y contempla mecanismos específicos para coordinar la planificación turística y las políticas de vivienda.
Entre otras cuestiones, la normativa contempla medidas relacionadas con las zonas declaradas como mercados residenciales tensionados, donde pueden establecerse limitaciones a la incorporación de nuevas viviendas al uso turístico.
El objetivo declarado por la Administración canaria es buscar un equilibrio entre una actividad económica fundamental para las islas y la necesidad de preservar el acceso de la población residente a una vivienda.
Lanzarote también refuerza las ayudas al alquiler
La presión sobre el mercado residencial ha llevado a las administraciones a reforzar algunas medidas de apoyo.
El Gobierno de Canarias mantiene programas de ayuda al alquiler y establece límites específicos de renta para acceder a determinadas subvenciones y al Bono Alquiler Joven.
En Lanzarote, municipios como Teguise, Tías y Yaiza están incluidos entre las localidades consideradas de mayor presión a efectos de determinados programas de ayuda, donde el límite de alquiler para acceder al Bono Alquiler Joven puede alcanzar los 900 euros mensuales en el caso de una vivienda completa.
Además, en agosto de 2026 se formalizó una aportación específica del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa de 200.000 euros para contribuir a la financiación del Bono Alquiler Joven correspondiente a residentes de la isla.
Estas medidas reflejan que el problema de acceso a la vivienda no es únicamente una percepción de los movimientos sociales, sino una cuestión que forma parte de las políticas públicas y de la agenda institucional.
El riesgo de convertir el conflicto social en un problema para la imagen de Lanzarote
La otra cara del debate es el posible impacto que estas acciones pueden tener sobre la imagen exterior de la isla.
Lanzarote depende en gran medida de la actividad turística para el empleo y la generación de riqueza. Precisamente por eso, la difusión internacional de imágenes relacionadas con sabotajes, bloqueos o mensajes de rechazo a los visitantes ha generado preocupación en torno a la percepción que puedan tener los turistas en algunos de los principales mercados emisores.
Medios europeos han presentado las acciones como una escalada de las protestas contra el turismo en Lanzarote, vinculándolas al encarecimiento de la vivienda, la escasez de alquiler residencial y el malestar social existente en determinados sectores de la población.
El debate, sin embargo, es mucho más complejo que una simple confrontación entre residentes y turistas.
Las grandes movilizaciones celebradas en Canarias durante los últimos años han defendido mayoritariamente un cambio de modelo y una regulación del crecimiento, más que el cierre de la actividad turística.
Al mismo tiempo, las acciones que afectan directamente a alojamientos, vehículos o accesos turísticos generan una controversia adicional y plantean interrogantes sobre los límites de la protesta.
Turismo sí, pero con un modelo compatible con la vida en las islas
La frase “No tenemos dónde vivir” se ha convertido en uno de los símbolos de un conflicto que trasciende a Lanzarote.
Canarias continúa batiendo récords turísticos mientras una parte de su población denuncia dificultades crecientes para encontrar un alquiler estable y asumir el coste de la vivienda.
La relación directa entre turismo y crisis habitacional es objeto de debate entre expertos, administraciones, propietarios, empresas y colectivos sociales. La vivienda vacacional es uno de los factores señalados, aunque no es el único: también influyen la escasez de oferta residencial, el aumento de la demanda, la compra de viviendas como inversión, el crecimiento de la población y la limitada construcción de nueva vivienda asequible.
Los propios documentos estratégicos del sector turístico canario reconocen que la expansión de la vivienda vacacional se ha convertido en uno de los asuntos de mayor relevancia dentro de los retos económicos y sociales del Archipiélago. En una encuesta del ISTAC recogida por Turismo de Islas Canarias, el 66 % de la población afirmaba en 2024 que existía oferta de vivienda vacacional en su zona de residencia, frente al 34 % registrado en 2019.
La situación, por tanto, va mucho más allá de unos cajetines de llaves bloqueados o de una cinta colocada en un acceso turístico.
Detrás de esas imágenes existe un debate de enorme profundidad sobre el futuro de Lanzarote: cuánto puede crecer el turismo, qué límites debe establecer el territorio, cómo se protege el acceso a la vivienda y de qué manera se garantiza que la principal actividad económica de la isla siga generando prosperidad sin expulsar del mercado residencial a quienes viven y trabajan en ella.
Mientras las administraciones avanzan en la regulación de la vivienda vacacional y en nuevas políticas de vivienda, la protesta social continúa creciendo y adoptando nuevas formas.
Y Lanzarote vuelve a situarse en el centro de una pregunta que ya se escucha en todas las islas: cómo mantener un turismo que es esencial para la economía sin que vivir en Canarias se convierta, para muchos residentes, en un lujo cada vez más difícil de alcanzar.
