Canarias blinda sus cuentas con una línea de crédito de 300 millones ante la reducción de los fondos europeos

El Gobierno autonómico refuerza su capacidad de respuesta ante la reducción de los fondos europeos y garantiza la continuidad de los pagos con una herramienta financiera que no incrementa el endeudamiento estructural

El Gobierno de Canarias ha decidido reforzar su capacidad financiera con la puesta en marcha de una línea de crédito preventiva de hasta 300 millones de euros, una medida destinada a garantizar la liquidez de la comunidad autónoma en un momento marcado por la disminución progresiva de los fondos europeos extraordinarios y el aumento previsto de los pagos durante la segunda mitad del año.

La operación, impulsada por la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, permitirá disponer de financiación a corto plazo, con un vencimiento máximo de un año, para afrontar posibles desfases temporales entre ingresos y pagos sin comprometer la estabilidad económica del Archipiélago.

El final de una etapa marcada por los fondos europeos

Durante los últimos años, Canarias ha mantenido una posición de liquidez excepcional gracias a la llegada de los recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el principal instrumento financiero de la Unión Europea para impulsar la recuperación económica tras la pandemia.

La elevada disponibilidad de estos fondos permitió que la comunidad autónoma no necesitara recurrir a financiación externa para atender sus obligaciones económicas. Sin embargo, la reducción progresiva de estas ayudas supone el inicio de una nueva etapa en la gestión de la tesorería pública.

Una herramienta para garantizar pagos sin sobresaltos

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, explica que esta línea de crédito responde a una práctica habitual entre las comunidades autónomas y tiene como finalidad acompasar los flujos de ingresos y pagos, evitando tensiones puntuales de liquidez.

El Ejecutivo prevé un incremento del volumen de pagos durante el segundo semestre del año, por lo que disponer de este instrumento permitirá garantizar el pago a proveedores, empresas y entidades colaboradoras, incluso en momentos en los que los ingresos no coincidan temporalmente con las obligaciones de pago.

La medida no compromete la solvencia de Canarias

Desde la Consejería de Hacienda se insiste en que esta operación no responde a dificultades económicas ni a problemas de financiación, sino que forma parte de una estrategia preventiva para optimizar la gestión de la tesorería.

De hecho, el Gobierno autonómico subraya que la confianza de los mercados financieros continúa siendo elevada, como quedó demostrado el pasado mes de junio con la primera emisión de bonos sostenibles de Canarias, por valor de 500 millones de euros, una operación que despertó un fuerte interés inversor al recibir solicitudes que cuadruplicaron el importe ofertado.

Canarias mantiene una de las mejores calificaciones financieras del país

La fortaleza económica de la comunidad autónoma también ha sido respaldada recientemente por la agencia internacional Standard & Poor’s, que mantiene la calificación crediticia de Canarias en A+ con perspectiva estable.

Según la agencia, el Archipiélago destaca dentro del conjunto de comunidades autónomas españolas por su sólido comportamiento presupuestario, un bajo nivel de endeudamiento y una posición de liquidez considerada excepcional, factores que continúan reforzando la confianza de inversores y entidades financieras.

Preparada para afrontar el futuro con mayor flexibilidad

Con esta nueva línea de crédito preventiva, el Gobierno de Canarias busca anticiparse a un escenario económico diferente al de los últimos años, marcado por la reducción de los fondos extraordinarios europeos y la vuelta a una gestión ordinaria de la tesorería.

La medida permitirá mantener la estabilidad financiera de la comunidad autónoma, asegurar el cumplimiento de los compromisos de pago y disponer de un mayor margen de maniobra para gestionar con eficacia los recursos públicos, garantizando la continuidad de los servicios esenciales y la confianza de los mercados.