La consejera Candelaria Delgado reclama adecuar la financiación a la realidad del Archipiélago y pide aclarar la aplicación del Pacto Europeo, mientras impulsa la extensión del modelo ‘Barnahus’ contra la violencia infantil.
Canarias se planta ante el Gobierno central. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha exigido hoy de forma contundente un incremento inmediato de la financiación destinada a la atención de menores migrantes no acompañados.
Durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, Delgado ha calificado de «insuficientes» los fondos estatales actuales para sostener la emergencia humanitaria que arrastra el Archipiélago y ha solicitado recuperar la aportación extraordinaria de 100 millones de euros concedida el año pasado.
Una emergencia que triplica las capacidades del Archipiélago
La consejera canaria desmontó el argumento de la prórroga presupuestaria del Estado, recordando que existen precedentes —como los fondos adicionales para el sistema de dependencia— que demuestran que el Gobierno central puede habilitar partidas extraordinarias si hay voluntad política.
La realidad asistencial de las islas, según denunció Delgado, es insostenible con las reglas de juego actuales:
- Desborde del sistema: Canarias atiende actualmente a un número de menores que supera con creces el cupo de distribución oficial.
- Cifras críticas: El Archipiélago acoge a más del triple de los 783 menores que le corresponderían bajo los criterios de reparto estatales.
- Exigencia clave: Adecuar de forma urgente los recursos estatales a la presión migratoria real que soporta la comunidad autónoma.
«Estamos acogiendo a más del triple de los menores que nos corresponden. Es necesario que la financiación estatal se adapte de una vez a la realidad asistencial que soporta Canarias», aseveró Candelaria Delgado.
Incertidumbre ante el Pacto Europeo: ¿Quién pagará el «defensor del menor»?
Otro de los puntos calientes de la jornada fue la preocupación de las islas ante la inminente aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un asunto que se debatirá en una sectorial específica la próxima semana.
Delgado ha exigido al Ministerio que aclare cómo se implementará y financiará la figura del defensor de los derechos del menor, una figura clave prevista por la normativa europea para asistir a los niños y adolescentes desde su llegada a las costas durante la fase de identificación.
Aunque el Ministerio ha sugerido que este rol lo asuman profesionales de la abogacía de oficio, la consejera advirtió que las comunidades autónomas siguen a oscuras: no conocen el mecanismo de implantación ni quién asumirá la factura. Por ello, ha reclamado seguridad jurídica y que las autonomías participen activamente en el diseño del modelo antes de su entrada en vigor.
Barnahus: Canarias lidera la protección de menores víctimas de violencia
No todo fueron reclamaciones de fondos; Canarias también expuso sus avances en políticas de infancia. Durante la sesión se abordó el modelo Barnahus (o «casa de los niños»), un sistema de atención integral a menores que han sido víctimas de violencia física o sexual.
Canarias se sitúa a la vanguardia de este modelo en España gracias a la experiencia del Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, el primero del país especializado en violencia contra la infancia. Tras consolidarse esta sección debido a su alta eficacia, el Gobierno canario ya ejecuta una hoja de ruta para extender el modelo a todas las islas.
¿En qué consiste el modelo que Canarias expande a todo el archipiélago?
- Coordinación en un solo espacio: Jueces, psicólogos, médicos y trabajadores sociales intervienen en un entorno amigable para el menor, evitando que tenga que peregrinar por distintas instituciones.
- Evitar la revictimización: Se utilizan sistemas de grabación de alta calidad para que el menor realice una única declaración (prueba preconstituida) y no tenga que repetir su traumático relato en el juicio.
- Apoyo emocional innovador: Incorporación de programas de intervención asistida con perros de apoyo, diseñados para reducir el estrés y la ansiedad de los pequeños durante las diligencias judiciales.
El camino hacia un pacto de Estado
Con estas dos realidades sobre la mesa —la urgencia humanitaria en las costas y la vanguardia en la protección de la infancia vulnerable—, Canarias vuelve a situar al Estado ante el espejo de sus responsabilidades. La pelota queda ahora en el tejado del Ministerio, que en las próximas citas sectoriales deberá decidir si asume las demandas económicas y logísticas de las islas o si continúa gestionando a golpe de prórroga una de las crisis humanitarias más complejas del sur de Europa.