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La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja reclama transparencia en el pago de las compensaciones, indemnizaciones para los propietarios que no puedan recuperar sus terrenos y una participación real de los afectados en las decisiones sobre la reconstrucción de la isla. El colectivo advierte de que las diferencias en las fechas de cobro, el encarecimiento de la vivienda y la falta de certezas sobre el futuro de numerosas propiedades están agravando el desgaste económico, emocional y sanitario de las familias.
LA PALMA. Más de cinco años después del inicio de la erupción del volcán Tajogaite, en La Palma, las consecuencias de la catástrofe continúan marcando la vida de numerosos damnificados. La pérdida de viviendas, fincas, instalaciones agrícolas, negocios y otros bienes patrimoniales dio paso a un largo proceso de recuperación que, según denuncia la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, sigue generando desigualdades entre los afectados y mantiene abiertas importantes incertidumbres sobre su futuro.
El colectivo palmero ha vuelto a poner el foco sobre las diferencias en el abono de las compensaciones económicas, la falta de información sobre los criterios utilizados para ordenar los pagos, las restricciones que impiden a determinados propietarios recuperar el uso de sus terrenos y la ausencia de mecanismos efectivos de participación de los damnificados en las decisiones relacionadas con la reconstrucción.
La asociación considera que las sucesivas interrupciones en el pago de las ayudas y las diferencias entre quienes cobraron antes y quienes tuvieron que esperar más tiempo han provocado una situación de desigualdad que dificulta la recuperación de los proyectos de vida de muchas familias.
Su denuncia va más allá de los plazos administrativos. El colectivo sostiene que el retraso en la percepción de las compensaciones ha tenido consecuencias directas sobre la capacidad económica de los afectados, especialmente en un contexto de encarecimiento de la vivienda, del suelo y de los terrenos agrícolas en una isla con una oferta limitada.
A esta situación se suman las dudas sobre el futuro de las parcelas situadas en zonas de exclusión, las posibles nuevas figuras de protección ambiental y las indemnizaciones que corresponderían a quienes finalmente no puedan volver a utilizar sus propiedades.
La asociación resume su preocupación en una idea que refleja el desgaste acumulado durante estos años: la reconstrucción no puede medirse únicamente por las cantidades abonadas, sino también por la capacidad de los afectados para recuperar sus viviendas, sus actividades económicas y unas condiciones de vida dignas.
Uno de los principales motivos de preocupación para la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja es la diferencia entre los damnificados que recibieron sus compensaciones en las primeras fases del proceso y aquellos que tuvieron que esperar durante más tiempo para percibir el dinero correspondiente a las pérdidas sufridas.
El colectivo sostiene que cobrar una misma compensación en momentos diferentes puede traducirse en oportunidades muy distintas para reconstruir una vida que quedó alterada por la erupción.
Según explica la asociación, quienes recibieron el dinero más tarde se encontraron con un mercado inmobiliario y de terrenos sometido a una importante presión. El aumento de los precios dificulta que las cantidades percibidas permitan adquirir una vivienda, comprar una nueva parcela o recuperar una actividad económica en condiciones similares a las anteriores a la catástrofe.
La problemática resulta especialmente relevante para las familias que necesitan encontrar un nuevo hogar o para quienes dependían de sus fincas y explotaciones agrícolas como principal fuente de ingresos.
En estos casos, el tiempo transcurrido no habría sido una cuestión meramente administrativa. De acuerdo con el planteamiento del colectivo, la demora en los pagos habría reducido la capacidad adquisitiva de parte de los damnificados, obligándolos a afrontar unas condiciones de mercado menos favorables que las existentes cuando otros afectados recibieron sus compensaciones.
La asociación considera que estas diferencias han generado un agravio comparativo entre personas que sufrieron las consecuencias de una misma catástrofe.
Para evitar las desigualdades derivadas de los distintos calendarios de pago, la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja asegura que propuso distribuir proporcionalmente cada remesa de fondos públicos entre el conjunto de los damnificados.
La iniciativa planteaba que cada familia recibiera un porcentaje de la compensación que le correspondiera a medida que se habilitaran nuevas partidas presupuestarias, en lugar de que unos afectados percibieran cantidades completas mientras otros continuaban esperando.
De esta forma, según la propuesta del colectivo, todos los damnificados habrían podido disponer progresivamente de una parte de los recursos reconocidos, reduciendo las diferencias de capacidad económica provocadas por el orden de los abonos.
La asociación afirma que esta alternativa no fue atendida por las autoridades.
El debate que plantea el colectivo afecta a una cuestión esencial de cualquier proceso de reconstrucción después de una catástrofe: cómo garantizar que las diferencias en la tramitación de las ayudas no terminen generando desigualdades adicionales entre personas que han sufrido pérdidas de naturaleza similar.
La entidad reclama que se expliquen los criterios empleados para determinar quién cobra primero, qué circunstancias justifican las diferencias de calendario y qué medidas se contemplan para atender a quienes continúan afrontando dificultades económicas.
Otra de las grandes preocupaciones de los damnificados se encuentra en el futuro de las propiedades situadas en zonas donde continúan vigentes restricciones de acceso o de uso por motivos relacionados con los riesgos volcánicos o con posibles medidas de protección ambiental.
La erupción del Tajogaite transformó amplias zonas del territorio palmero y dejó terrenos cubiertos por coladas de lava, además de alterar caminos, comunicaciones y espacios vinculados a actividades agrícolas y económicas.
Sin embargo, la situación posterior no es idéntica para todos los propietarios. Mientras algunas personas han podido avanzar en la recuperación de sus propiedades o de sus actividades, otras siguen sin disponer de certezas sobre cuándo podrán volver a utilizar sus parcelas o si podrán hacerlo en algún momento.
La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja reclama garantías para quienes continúan afectados por estas restricciones y considera necesario aclarar qué compensaciones recibirán los propietarios que finalmente no puedan recuperar el uso de sus terrenos.
El colectivo advierte de que la incertidumbre sobre el futuro de una propiedad impide planificar inversiones, retomar actividades económicas o decidir cómo reconstruir el proyecto familiar.
Para los propietarios afectados, la cuestión no se limita a conocer cuándo podrán acceder a una finca. También necesitan saber si podrán cultivarla, utilizar las construcciones que se encontraban en ella o desarrollar nuevamente la actividad que mantenían antes de la erupción.
La asociación exige que las administraciones competentes aporten respuestas concretas y establezcan garantías para evitar que los afectados permanezcan indefinidamente a la espera de una decisión.
La entidad también cuestiona las diferencias existentes entre distintas zonas afectadas por las coladas en relación con la disponibilidad de caminos y carreteras.
Según denuncia, determinados sectores cuentan ya con vías de comunicación cercanas, mientras que otros continúan presentando dificultades de acceso a las fincas.
La asociación asegura que no conoce los criterios de interés público que determinaron por qué se construyeron determinadas vías antes que otras, especialmente en aquellos sectores donde, a su juicio, existen condiciones geológicas similares.
El colectivo reclama explicaciones sobre las prioridades establecidas y considera necesario que las decisiones relacionadas con las infraestructuras se comuniquen de manera transparente.
La disponibilidad de accesos constituye un elemento relevante para la recuperación del territorio, tanto por la posibilidad de llegar a las propiedades como por las oportunidades de reanudar actividades agrícolas, realizar trabajos de mantenimiento o planificar actuaciones de reconstrucción.
La asociación entiende que los criterios empleados para establecer estas prioridades deben ser conocidos por los afectados, de manera que puedan comprender las decisiones adoptadas y las perspectivas de recuperación de sus respectivas zonas.
El futuro de los terrenos afectados también está relacionado con las decisiones sobre la protección ambiental del espacio transformado por la erupción.
En este ámbito, la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja señala la necesidad de aclarar las consecuencias que podrían tener las nuevas medidas de protección sobre las propiedades privadas y sobre los derechos de sus titulares.
En marzo de 2026, el Gobierno de Canarias sometió a información pública un anteproyecto de ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja que contempla el cono del Tajogaite, su entorno de fisuras eruptivas y el campo lávico, junto con una propuesta de protección de los dos deltas formados durante la erupción.
Esta iniciativa sitúa nuevamente en el centro del debate la conservación de un territorio que experimentó una transformación geológica de enorme relevancia, pero en el que también existen intereses económicos, patrimoniales y personales vinculados a las propiedades afectadas.
Para la asociación, resulta imprescindible que las decisiones sobre la protección ambiental vayan acompañadas de información clara sobre sus efectos y sobre las garantías que tendrán los propietarios.
El colectivo reclama que se concrete qué sucederá con las parcelas que, como consecuencia de las futuras decisiones de protección, no puedan destinarse a los usos que tenían antes de la catástrofe.
La cuestión adquiere especial importancia para quienes todavía no han podido recuperar el acceso a sus terrenos y desconocen si las limitaciones actuales serán temporales o si terminarán convirtiéndose en restricciones permanentes.
La asociación considera que los afectados no pueden permanecer sin respuestas mientras se definen las figuras de protección que podrían condicionar el futuro de sus propiedades.
La protección de los valores naturales y geológicos del territorio constituye un objetivo relevante, pero el colectivo reclama que también se aborde la situación de las personas que han perdido el uso de sus bienes y necesitan conocer qué soluciones se contemplan para su caso.
La denuncia de la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja incluye también las compensaciones económicas relacionadas con bienes e instalaciones que quedaron afectados por la erupción.
El colectivo asegura que siguen pendientes de abono ayudas por fincas, charcas, cuartos de aperos y bodegas, elementos que en muchos casos estaban vinculados a la actividad agrícola y a la economía familiar de los propietarios.
Estas pérdidas tienen una dimensión que va más allá del valor material de las construcciones o instalaciones desaparecidas. En el ámbito rural palmero, las fincas y sus infraestructuras auxiliares pueden formar parte de una actividad productiva que requiere inversiones, instalaciones y recursos acumulados durante años.
La pérdida de estos bienes puede dificultar la continuidad de una explotación y aumentar el coste de recuperar una actividad económica que dependía de ellos.
Por este motivo, la asociación reclama que se aclare el estado de las compensaciones pendientes y que los propietarios reciban información sobre los plazos y los procedimientos aplicables.
El colectivo considera que la recuperación no puede darse por concluida mientras existan damnificados que continúen sin conocer cuándo se resolverán las ayudas vinculadas a sus propiedades.
La entidad pide que se mantenga una atención específica a estas situaciones y que las administraciones expliquen qué pasos quedan por completar para resolver los expedientes que siguen abiertos.
La recuperación económica constituye otro de los puntos en los que la asociación aprecia diferencias entre los damnificados.
En particular, el colectivo considera insuficiente el apoyo recibido por los negocios que quedaron sepultados por la lava para reconstruir sus instalaciones, en comparación con el destinado a determinadas actividades que tuvieron que paralizarse por los gases u otras consecuencias de la erupción.
La entidad sostiene que las empresas y actividades económicas que desaparecieron físicamente bajo las coladas se enfrentan a dificultades específicas para volver a funcionar, puesto que no se trata únicamente de recuperar ingresos perdidos durante un periodo de inactividad.
En muchos casos, reconstruir un negocio implica buscar una nueva ubicación, disponer de suelo adecuado, adquirir instalaciones y equipamiento y afrontar los gastos necesarios para comenzar de nuevo.
A ello se añade la necesidad de recuperar una clientela y reorganizar una actividad que, antes de la erupción, podía estar vinculada a un emplazamiento concreto.
La asociación reclama que se revisen las diferencias que aprecia en el respaldo económico destinado a unas y otras situaciones, con el objetivo de que las medidas de recuperación respondan a las necesidades reales de los negocios afectados.
La preocupación del colectivo se centra en que las ayudas permitan recuperar la actividad y no se limiten a compensar parcialmente las pérdidas sufridas.
Para los damnificados que dependían de sus negocios, la reconstrucción económica está directamente relacionada con la posibilidad de recuperar sus ingresos, mantener sus empleos y volver a desarrollar una vida autónoma.
La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja considera que la falta de información sobre los criterios utilizados para ordenar los pagos ha alimentado las dudas y el malestar entre los afectados.
El colectivo reclama explicaciones sobre las razones por las que unas personas recibieron antes sus compensaciones y otras tuvieron que esperar, así como información suficiente para comprender cómo se han aplicado los procedimientos de abono.
La discusión también afecta a la publicación de la identidad de las personas que reciben compensaciones del Gobierno de Canarias por el valor de las construcciones perdidas.
Según la información trasladada por la asociación, la difusión de estos datos enfrenta al Ejecutivo autonómico, que invoca la protección de la privacidad recogida en la nueva Ley de Volcanes, con el Comisionado de Transparencia de Canarias, que ha requerido su publicación.
La controversia se encuentra judicializada, por lo que serán los tribunales de Justicia los que deberán determinar si procede publicar los nombres de los beneficiarios de estas compensaciones.
Se trata de una cuestión que afecta al equilibrio entre dos principios: el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se gestionan los recursos públicos y la protección de los datos personales de quienes reciben ayudas.
La asociación reconoce que existen posiciones distintas entre los propios damnificados sobre la conveniencia de hacer públicos estos datos. Por ello, su reclamación sobre la transparencia se centra también en conocer los criterios que han determinado el orden de los pagos y las diferencias entre los expedientes.
La resolución judicial deberá aclarar el alcance de las obligaciones de publicidad en este caso, mientras que el colectivo reclama que las administraciones ofrezcan información suficiente sobre el funcionamiento del sistema de compensaciones.
Para los afectados, disponer de información clara resulta fundamental para comprender el proceso, conocer el estado de sus solicitudes y evaluar las razones por las que unas situaciones se han resuelto antes que otras.
La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja reclama igualmente que los damnificados tengan una participación efectiva en las decisiones que afectan a la reconstrucción de La Palma.
En este sentido, señala al Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, previsto en la Ley 2/2024 como órgano de diálogo, información y consulta.
La entidad considera que este foro debería servir para trasladar a los organismos públicos las necesidades de las personas afectadas, presentar propuestas y realizar un seguimiento de las inversiones públicas destinadas a la recuperación de la isla.
Sin embargo, la asociación denuncia que el Consejo nunca se ha convocado.
Esta situación, según el colectivo, impide disponer de un espacio estable en el que los damnificados puedan conocer la evolución de las medidas de reconstrucción, plantear sus problemas y participar en el seguimiento de las actuaciones públicas.
La reclamación adquiere especial relevancia en un proceso que afecta a numerosas dimensiones de la vida de los residentes: vivienda, propiedad, actividad económica, infraestructuras, protección ambiental y recuperación del territorio.
Para la asociación, la participación de los afectados no debería limitarse a la recepción de información sobre decisiones ya adoptadas. El colectivo defiende que las personas que han sufrido directamente las consecuencias de la erupción deben contar con cauces efectivos para trasladar sus necesidades y contribuir al debate sobre las soluciones.
La convocatoria del Consejo permitiría, de acuerdo con la finalidad que le atribuye la ley, establecer un espacio institucional de diálogo y consulta sobre la recuperación económica y social de La Palma.
El colectivo reclama que se haga efectivo ese mecanismo y que se garantice una interlocución continuada entre las administraciones y quienes continúan padeciendo las consecuencias de la catástrofe.
La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja afirma haber mantenido durante estos años una actitud prudente, consciente de las dificultades que entraña la tramitación administrativa de un proceso de reconstrucción de estas características.
No obstante, considera que el tiempo transcurrido y la persistencia de los problemas están agravando el desgaste de las familias afectadas.
La incertidumbre sobre los pagos, la imposibilidad de utilizar determinadas propiedades, las dificultades para recuperar negocios y la falta de respuestas definitivas sobre el futuro de algunos terrenos conforman, según la asociación, una situación que repercute tanto en la economía como en el bienestar emocional y la salud de los damnificados.
El colectivo sostiene que las consecuencias de la erupción no se limitan a los daños materiales producidos durante los meses de actividad volcánica. También incluyen las dificultades que afrontan quienes todavía no han podido recuperar unas condiciones de vida estables.
La pérdida de una vivienda, una finca o un negocio puede alterar profundamente la organización familiar y las perspectivas de futuro. Cuando a esas pérdidas se añade una prolongada incertidumbre administrativa, la recuperación puede convertirse en un proceso especialmente difícil.
La asociación reclama que las instituciones tengan en cuenta esta dimensión humana y que las decisiones pendientes se traduzcan en respuestas concretas para los afectados.
En su valoración, la reconstrucción debe ofrecer certezas y permitir que las familias puedan planificar su futuro, en lugar de mantenerlas durante años a la espera de soluciones.
Las reivindicaciones de la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja abarcan varios de los principales desafíos que continúan presentes en la recuperación de La Palma: la igualdad en el acceso a las compensaciones, la transparencia en los procedimientos, el futuro de las propiedades afectadas, la recuperación de los negocios y la participación de los damnificados.
El colectivo pide que se expliquen los criterios utilizados para ordenar los pagos, se clarifiquen las ayudas que permanecen pendientes y se establezcan garantías para quienes no puedan recuperar el uso de sus terrenos.
También reclama información sobre las consecuencias que podrían tener las futuras medidas de protección ambiental, soluciones para las actividades económicas que quedaron sepultadas por la lava y la convocatoria del Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma.
La asociación considera que estas cuestiones deben abordarse de manera coordinada y con información accesible para los afectados.
La recuperación de una isla tras una erupción volcánica exige actuaciones complejas, planificación y recursos públicos. Sin embargo, el colectivo sostiene que la duración del proceso no puede dejar en segundo plano las necesidades de quienes perdieron sus bienes y continúan intentando reconstruir sus vidas.
La denuncia vuelve a situar en el centro del debate la necesidad de que las ayudas y las decisiones administrativas se traduzcan en soluciones efectivas para todos los afectados, con independencia de cuándo hayan cobrado sus compensaciones o de las restricciones que pesen sobre sus propiedades.
La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja concluye su denuncia con un mensaje de profundo malestar por las consecuencias acumuladas de esta situación. «Actuaciones, que creemos injustas, por parte de quienes gobiernan nos está sepultando el alma, el amor propio, nuestra salud», manifiesta el colectivo.
Una declaración con la que la asociación expresa el desgaste de quienes, más de cinco años después del comienzo de la erupción del Tajogaite, continúan reclamando respuestas, transparencia y garantías para poder recuperar sus proyectos de vida.
Para los damnificados que representa la entidad, la reconstrucción no habrá cumplido plenamente su objetivo mientras sigan existiendo familias pendientes de compensaciones, propietarios sin certezas sobre sus terrenos y negocios que no han encontrado las condiciones necesarias para volver a funcionar.
La reclamación de fondo es que la recuperación de La Palma avance con criterios claros, participación real y soluciones que permitan cerrar las heridas materiales y personales que dejó el volcán.