La asociación considera «una irresponsabilidad» esperar a la actualización de los mapas de riesgo para fomentar los seguros y reclama aplicar plenamente la Ley de Volcanes de Canarias
La Asociación Tierra Bonita ha acusado al Gobierno de Canarias de actuar con «irresponsabilidad» al no promover que la población asegure sus viviendas y bienes frente al riesgo volcánico mientras se actualizan los mapas de peligrosidad. El colectivo sostiene que esta decisión incumple el espíritu de la Ley de Volcanes de Canarias, que establece la obligación de fomentar la información sobre el aseguramiento de propiedades situadas en zonas con riesgo volcánico.
La asociación, integrada por personas afectadas por la erupción del volcán Tajogaite en La Palma, considera que la prevención no puede quedar supeditada a la elaboración de nuevos mapas de riesgo, ya que todas las islas volcánicamente activas presentan algún grado de exposición a fenómenos como coladas de lava, terremotos, caída de cenizas o emisiones de gases.
Críticas a la postura del consejero Manuel Miranda
Las declaraciones de Tierra Bonita llegan tras la intervención del consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, durante una comisión parlamentaria celebrada el pasado 16 de julio.
En respuesta a una pregunta formulada por la diputada Paula Jover, el consejero explicó que el Ejecutivo autonómico esperará a disponer de nuevos mapas de riesgo volcánico antes de dirigirse a las compañías aseguradoras, tal y como contempla la Ley de Volcanes aprobada en 2025.
Sin embargo, Tierra Bonita considera que esta interpretación es errónea, ya que los mapas únicamente establecen distintos niveles de probabilidad, pero no determinan la existencia o inexistencia del riesgo volcánico, presente en cualquier isla volcánicamente activa.
La Ley de Volcanes obliga a informar sobre el aseguramiento
La asociación recuerda que el artículo 28 de la Ley de Volcanes de Canarias establece que la Comunidad Autónoma debe requerir a las compañías aseguradoras o al Consorcio de Compensación de Seguros que informen a la ciudadanía sobre las posibilidades de asegurar viviendas situadas en zonas de riesgo volcánico.
A juicio del colectivo, esta obligación debería extenderse a toda la población de las islas activas y no únicamente a los municipios que aparezcan clasificados con mayor amenaza en los mapas oficiales.
El precedente de La Palma
Como ejemplo, Tierra Bonita recuerda que el mapa incluido en el borrador del Plan Insular de Actuación frente al Riesgo Volcánico de La Palma no anticipó correctamente el recorrido de las coladas del volcán Tajogaite.
Según la asociación, una parte importante de las viviendas destruidas durante la erupción se encontraba en áreas catalogadas previamente como de baja amenaza volcánica, lo que demuestra que estas cartografías deben entenderse como herramientas orientativas y no como una garantía absoluta.
El colectivo advierte además de que en Tenerife existen amplias zonas clasificadas con amenaza muy baja, pese a registrar antecedentes eruptivos relativamente recientes desde el punto de vista geológico.
Reclaman mayor formación ciudadana
Tierra Bonita también lamenta que las medidas de formación y concienciación ciudadana continúen siendo insuficientes.
La asociación considera que todos los residentes de las islas volcánicamente activas deberían conocer cómo actuar ante una emergencia, independientemente del municipio en el que vivan, y critica que la prevención siga abordándose con el objetivo de evitar generar alarma social.
Críticas a la gestión del PEVOLCA
Durante el debate parlamentario también se abordó la continuidad del semáforo amarillo del PEVOLCA en La Palma y la ausencia de un nivel de alerta en Tenerife.
Tierra Bonita cuestiona que se mantenga la alerta amarilla para toda la isla de La Palma cuando los problemas derivados de gases y altas temperaturas están localizados en puntos concretos, al tiempo que muestra su preocupación por la evolución de la actividad volcánica en Tenerife.
La asociación afirma además que persiste una importante desconfianza ciudadana hacia la gestión científica e institucional tras la erupción de 2021, recordando que el volcán comenzó a entrar en erupción mientras permanecía activado el semáforo amarillo y que el nivel rojo no fue declarado hasta después del inicio del proceso eruptivo.
Reclamación de mayor transparencia
Otro de los aspectos señalados por Tierra Bonita hace referencia a la publicación de los datos científicos sobre la vigilancia volcánica.
La asociación respalda la petición de que los registros de sismicidad, deformación del terreno y emisiones de gases obtenidos por la red de vigilancia volcánica de Tenerife sean públicos y puedan consultarse en tiempo real, defendiendo que la transparencia constituye una herramienta esencial para reforzar la confianza de la población y mejorar la cultura de la prevención.
Comunicado íntegro de la Asociación Tierra Bonita
A continuación reproducimos íntegramente el comunicado remitido por la Asociación Tierra Bonita, en el que expone su valoración sobre la aplicación de la Ley de Volcanes, la gestión del riesgo volcánico en Canarias y las declaraciones realizadas por el consejero Manuel Miranda durante la comisión parlamentaria.
Tierra Bonita tacha de irresponsable que el Gobierno canario no aconseje asegurar los bienes hasta actualizar mapas de riesgo volcánico
La asociación denuncia el incumplimiento de la Ley de Volcanes, que obliga al Gobierno canario a fomentar el aseguramiento de propiedades. Además, critica que el consejero Miranda solo quiera limitarlo a los municipios con mayor probabilidad de erupción, cuando en realidad toda una isla tiene riesgo, y los mapas, como se vio en La Palma, pueden fallar
La Asociación Tierra Bonita considera “una irresponsabilidad” que el Gobierno canario siga sin fomentar que la población de islas como Tenerife, con una reactivación volcánica en marcha desde hace una década, asegure sus bienes para proteger su patrimonio ante una eventual erupción.
El colectivo palmero, del que forman parte personas afectadas por la catástrofe del Tajogaite, reacciona así tras la intervención, este 16 de julio, en una comisión parlamentaria del consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, máximo responsable del área de Emergencias, quien, a preguntas de la diputada de Vox Paula Jover, afirmó que aún no se ha dirigido a las compañías aseguradoras para este fin, como mandata la Ley de Volcanes porque está a la espera de disponer de nuevos mapas de riesgo volcánico.
La asociación advierte de que, en realidad, esos mapas no establecen si existe o no riesgo volcánico, sino que determinan su grado o probabilidad: muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo. El riesgo, por tanto, existe en toda una isla cuando es volcánicamente activa, con independencia de la clasificación concreta que figure en cada zona.
El artículo 28 de la referida Ley establece que “la Comunidad Autónoma, dentro de sus competencias, debe requerir a las compañías aseguradoras que operan en Canarias —o al Consorcio de Compensación de Seguros— que informen a la población sobre cómo asegurar las viviendas situadas e n zonas de riesgo volcánico, de alto riesgo volcánico y en terrenos afectados por fisuras o fallas”.
Tierra Bonita sostiene que este tipo de medidas, al igual que las de autoprotección, deben aplicarse en todas las islas volcánicamente activas y no se deben limitar a los municipios señalados con mayor riesgo en los mapas, sino a toda la población, pues estas cartografías son orientativas, se basan en las erupciones históricas para indicar las zonas con mayor amenaza, pero la realidad es que toda una isla está expuesta a los diferentes peligros volcánicos (lava, terremotos, ceniza, gases…).
EL PRECEDENTE DE LA PALMA: MAPAS QUE FALLARON
En este sentido, la asociación recuerda que en el caso de La Palma, antes de la erupción, las Administraciones públicas distribuyeron un folleto con el mapa contenido en el borrador del Plan Insular de Actuación frente al Riesgo Volcánico (PAIVPAL), cuya delimitación de esta amenaza no acertó, porque una parte significativa de las lavas del Tajogaite destruyeron una área que ese documento señalaba con amenaza baja (el norte del Valle de Aridane).
De igual modo, en el caso de Tenerife, ese plan de actuación, ya en vigor, contiene un mapa de que deja a gran parte del territorio en zona de muy baja amenaza, incluyendo buena parte de los municipios de la dorsal o de Pedro Gil o noreste, a pesar de que fue en este ámbito, en el Valle de Güímar, donde ocurrieron erupciones tan recientes geológicamente como la de 1705, lo que puede inducir a la mayoría de la población tinerfeña que no debe preocuparse porque nunca le afectará una catástrofe de este tipo.
DE QUÉ HA SERVIDO LA LEY DE VOLCANES
En la Comisión parlamentaria de Política Territorial, la diputada Paula Jover planteó de qué ha servido la amarga experiencia de La Palma y la aprobación de la Ley de Volcanes de Canarias en 2025 si no se aplican medidas como las de fomentar el aseguramiento de bienes y un plan de concienciación y de formación ciudadana sobre este riesgo.
Miranda respondió que n se pondrá en contacto con las aseguradoras hasta no definir las zonas de riesgo con nuevos mapas (los anteriores datan de 2018), labor que el Gobierno canario ha encargado a institutos científicos. Y en cuanto a formar a la población para que sepa cómo autoprotegerse, el consejero no enumeró ninguna medida que abarcara a toda la población, sino las charlas y talleres que imparte Involcan, la colaboración con simulacros organizados por el Cabildo de Tenerife (solo ha habido uno, en Garachico) y actividades en los colegios.
En este sentido, la asociación Tierra Bonita lamenta que el Gobierno canario y las demás Administraciones Públicas sigan enfocando la prevención del riesgo volcánico “sin valentía, pensando en no generar alarmismo, y con la falsa creencia de que hay tiempo más que suficiente, cuando lo alarmante es que a estas alturas los habitantes de una isla como Tenerife no sepan qué hacer en caso de una erupción”.
EL CUESTIONADO SEMÁFORO AMARILLO EN LA PALMA
Otro asunto que puso sobre la mesa Paula Jover es por qué continúa el semáforo amarillo en La Palma, “lo que limita derechos y libertades de los ciudadanos de esta isla”, mientras que en Tenerife, donde “los datos indican que la situación es mucho más complicada y comprometedora”, no existe ningún nivel de alerta activado.
Miranda justificó que se mantenga el semáforo amarillo en la Isla Bonita por la presencia de gases en Puerto Naos y La Bombilla. Pero esta contestación no ha convencido a Tierra Bonita, que considera injustificado y desproporcionado mantener a toda la isla aún con este nivel de alerta, cuando las emisiones de gases y las altas temperaturas como efecto residual de la erupción de 2021 están ya localizadas en unos lugares muy concretos.
En cuanto a Tenerife, el consejero argumentó que el Comité Científico del PEVOLCA no ve aún motivos suficientes para activar el semáforo amarillo.
A este respecto, la asociación palmera advierte de la gran desconfianza social en este órgano científico, al igual que en las instituciones públicas que gestionan estas emergencias, después de lo ocurrido en La Palma, en que la erupción se produjo con semáforo amarillo, sin haberse activado si quiera el naranja, mientras que el rojo fue decretado dos horas después de iniciado el proceso eruptivo. “Ese estrepitoso fracaso en La Palma sigue pesando como una loza sobre la población, y mucho tendrán que cambiar las actitudes de políticos y científicos para que su credibilidad se recupere”, concluye el colectivo
LOS DATOS QUE SE OCULTAN A LA POBLACIÓN
A juicio de la diputada, “en Tenerife se están ocultando datos a la población”. En este punto del debate aludió al acuerdo unánime del pleno del Cabildo, en el que se acordó que se darían en tiempo real todos los datos que recaben los científicos, pero el gobierno insular, presidido por Rosa Dávila, ha rechazado cumplirlo con los registros de sismicidad, deformación y gases que mide INVOLCAN con su red de vigilancia volcánica, pagada con dinero público.
Precisamente fue la asociación Tierra Bonita la que hizo esta petición al Cabildo tinerfeño, que le fue denegada, incluyendo también los datos de estos parámetros anteriores a la erupción del Tajogaite.
JOVER: ¿LA PRÓXIMA VEZ, OTRO MILAGRO?
En el pleno del pasado 7 de julio, la diputada Paula Jover recordó que en 2021 «ni siquiera hubo evacuación previa a la erupción; y, milagrosamente, nadie murió», por lo que interpeló al consejero sobre «si nos vamos a encomendar a que la próxima vez vuelva a ocurrir otro milagro».
La parlamentaria de Vox expresó su «impresión» de que la Consejería responsable del área de Emergencias y Protección Civil no aprende de lo ocurrido en Cumbre Vieja y demora las medidas que impidan repetir errores en caso de una nueva erupción, no solo en La Palma, sino en otra isla, como Tenerife, donde desde 2016 hay señales de reactivación volcánica por el aumento de la sismicidad, la ligera deformación del terreno y el aumento de las emisiones de gases.
La respuesta del consejero fue, para Tierra Bonita, «retórica y propagandística; en realidad, muchas palabras para al final no decir nada».
CIENTÍFICOS ELOGIADOS PESE AL FRACASO EN LA PALMA
Miranda se limitó a reconocer en ese pleno que la catástrofe palmera fue «un punto de inflexión» y que hoy Canarias tiene «mejores profesionales» en protección civil, una «planificación más sólida» y una comunidad científica «de referencia».
Ante esto último, Tierra Bonita lanza una pregunta: «¿Cómo puede ser de referencia una comunidad científica que quiere que no se divulguen sus deliberaciones antes de la erupción, ni informó a la sociedad de que el riesgo se había desplazado más al norte en el Valle de Aridane durante las horas previas al comienzo del proceso eruptivo, ni cuestiona la gestión de la emergencia, sino que se ha colgado medallas a pesar del clamoroso fallo de no evacuar a la población antes del desastre?».