Los afectados han solicitado la paralización inmediata del proceso que pretendía incorporar a 141 nuevos agentes el próximo 1 de junio
Las polémicas oposiciones para el ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria entran oficialmente en la vía penal. Después de seis meses de investigación preprocesal, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha decidido remitir el expediente a los juzgados de la capital grancanaria al considerar que podrían haberse cometido delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa durante el desarrollo del procedimiento selectivo.
La decisión judicial afecta directamente al proceso mediante el que el Gobierno de Canarias pretendía incorporar a 141 nuevos agentes como funcionarios en prácticas el próximo 1 de junio. Ante esta situación, los opositores afectados, que además figuran como denunciantes, han solicitado la paralización urgente e inmediata del procedimiento y la suspensión de la toma de posesión prevista.
Según recoge el decreto emitido por la Fiscalía, existirían indicios de posibles delitos contemplados en los artículos 390, 405 y 406 del Código Penal relacionados con la actuación del entonces presidente del tribunal calificador, Ángel Nichel Acosta Hernández, así como del director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias, José Manuel González Afonso.
La investigación apunta a posibles incompatibilidades del presidente del tribunal
La investigación parte de varias denuncias formuladas por opositores afectados que trasladaron a la Fiscalía posibles irregularidades en el procedimiento selectivo. Los denunciantes sostienen que el presidente del tribunal habría impartido formación específica a aspirantes en una academia privada ubicada en Tamaraceite y gestionada a nombre de su esposa, dentro de los cinco años anteriores a la convocatoria oficial.
Esa circunstancia estaría expresamente prohibida por las bases reguladoras de las oposiciones, lo que podría suponer una incompatibilidad directa para formar parte del tribunal evaluador.
Para acreditar estos hechos, los afectados aportaron presuntamente grabaciones de audio, justificantes de pagos mediante Bizum y diversa documentación que, según denuncian, demostraría la relación docente entre el presidente del tribunal y varios opositores.
El Ministerio Fiscal considera además que la declaración responsable presentada para formar parte del tribunal podría constituir un presunto delito de falsedad documental en caso de demostrarse que esa actividad docente existió realmente.
Fiscalía aprecia posible prevaricación administrativa
La Fiscalía también aprecia posibles indicios de prevaricación administrativa por parte del director general de Estudios y Formación del Gobierno de Canarias debido al supuesto “nombramiento ilegal y aceptación de nombramiento” del presidente del tribunal calificador.
Pese a la gravedad de los hechos investigados y a la existencia de actuaciones judiciales y solicitudes de medidas cautelares promovidas por los afectados, la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública acordó recientemente continuar con el procedimiento e incorporar a los 141 aspirantes como funcionarios en prácticas.
Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, los denunciantes reclamaron este miércoles la paralización cautelar inmediata del proceso selectivo, la suspensión de la toma de posesión prevista para el 1 de junio, la depuración de todas las responsabilidades administrativas y políticas y la garantía de un procedimiento “plenamente transparente, imparcial y ajustado a Derecho”.
Los afectados alertan del daño a la credibilidad institucional
En un comunicado remitido a distintos medios de comunicación, los afectados consideran que mantener el proceso en marcha podría generar “consecuencias irreversibles” y un importante perjuicio tanto para los opositores afectados como para la propia imagen institucional de la Policía Canaria.
Los denunciantes sostienen además que la continuidad del procedimiento pondría en duda la transparencia, la igualdad de oportunidades y la credibilidad institucional del sistema de acceso al cuerpo policial autonómico.
El Gobierno admite incumplimientos en la Policía Canaria
La polémica se produce además en un momento especialmente delicado para la Policía Canaria, después de que el propio Gobierno autonómico reconociera recientemente haber incumplido diez de las once recomendaciones elaboradas para mejorar el clima laboral dentro del cuerpo policial.
Estas recomendaciones estaban relacionadas con aspectos organizativos, funcionamiento interno y gestión de recursos humanos dentro de la Policía Canaria, un asunto que ya había generado tensiones internas y críticas sindicales en los últimos meses.
Ahora será la autoridad judicial la encargada de determinar si finalmente existieron irregularidades delictivas en unas oposiciones que se han convertido en uno de los mayores escándalos recientes relacionados con la Policía Canaria y que podrían tener importantes consecuencias tanto administrativas como penales.